El acceso a la vivienda sigue siendo un desafío social primordial en Lanzarote. Los datos de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias revelan que la demanda de vivienda protegida ha superado las 3.000 solicitudes, evidenciando la tensión en el sector.
“"La situación es de “máxima urgencia social”."
El diputado socialista Marcos Bergaz ha instado a acelerar los proyectos de vivienda, tanto públicos como privados, para mitigar esta problemática. La capital, Arrecife, concentra la mayor parte de esta demanda, con 2.084 solicitantes, lo que representa más de dos tercios del total insular. Le sigue Yaiza con 447 demandantes, mientras que Tinajo y Haría registran las cifras más bajas, con 23 y 27 solicitudes, respectivamente.
Este aumento en la demanda coincide con un encarecimiento generalizado del mercado inmobiliario. El precio medio de la vivienda en Lanzarote alcanzó los 2.970 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026. Además, el alquiler en la provincia de Las Palmas ha experimentado una subida del 8,8% en el último año, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna para muchas familias y jóvenes.
Ante este panorama, Bergaz ha reclamado la agilización de varias promociones de vivienda pública. Entre ellas, la licitación de 136 viviendas en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, cuyo inicio aún no tiene fecha confirmada. También ha señalado retrasos en la planificación de 200 viviendas en el barrio de Maneje, en Arrecife, que aún no cuentan con proyecto redactado. A esto se suman 46 viviendas en la calle Triana de Arrecife, en un solar cedido por el Cabildo de Lanzarote, que sigue pendiente de ejecución.
El parlamentario también ha mencionado dos promociones de viviendas adquiridas por el Cabildo de Lanzarote en Playa Blanca y cedidas al Gobierno de Canarias, que aún no han sido entregadas a sus futuros inquilinos. El diputado ha enfatizado que la vivienda es una de las principales preocupaciones ciudadanas, y ha llamado a una respuesta coordinada entre las administraciones para aumentar la oferta de vivienda pública y facilitar el acceso a precios asequibles.
