La solicitud de embargo, presentada ante la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, busca garantizar el pago de 409.033,13 euros que el consistorio adeuda a la mercantil. A esta cantidad se suman 122.709,94 euros fijados provisionalmente para costas e intereses, elevando el total a 531.743,07 euros.
El escrito presentado por la empresa reclama que se requiera a la alcaldesa de Agaete para que identifique los bienes municipales susceptibles de embargo. Además, se solicita que los intereses se incrementen en dos puntos debido a la «falta de diligencia» atribuida al ayuntamiento en el cumplimiento de sus obligaciones.
Esta acción judicial se produce después de que la Justicia ordenara el pasado 26 de marzo al Ayuntamiento el pago de los 409.033,13 euros correspondientes a la condena. Según la empresa, el consistorio no presentó oposición en el plazo legal ni ha abonado la cantidad reclamada, lo que ha llevado a activar la vía ejecutiva y solicitar directamente el embargo del patrimonio municipal.
El origen del litigio se remonta a abril de 2016, cuando el Ayuntamiento de Agaete y la empresa firmaron un convenio urbanístico para el desarrollo de una actuación residencial en la zona del Molino, cerca del Puerto de Las Nieves. El acuerdo, ratificado por el pleno municipal, implicaba una modificación del planeamiento urbanístico que nunca se llevó a cabo.
Con el tiempo, la inacción municipal en la modificación urbanística derivó en una reclamación patrimonial por parte de la promotora. En marzo de 2021, la empresa solicitó formalmente más de 400.000 euros por los perjuicios económicos sufridos, argumentando el incumplimiento de las obligaciones por parte de la Administración.
La controversia se agravó cuando el Ayuntamiento intentó anular el acuerdo urbanístico mediante una revisión de oficio, alegando defectos de legalidad como la falta de informes técnicos y económicos o la ausencia de exposición pública.
Los tribunales rechazaron la tesis municipal, concluyendo que el Ayuntamiento de Agaete había actuado con desviación de poder. La sentencia determinó que el consistorio utilizó sus potestades administrativas para eludir las consecuencias económicas de su propio incumplimiento, en lugar de defender la legalidad urbanística.
La resolución judicial consolidó la condena de 409.033,13 euros contra el ayuntamiento, a la que se añadieron intereses y costas procesales. A pesar de la orden judicial de marzo para abonar la suma, la deuda no ha sido satisfecha, lo que ha llevado el procedimiento a una fase crítica para las arcas municipales con la petición de embargo.
