Los agentes comprobaron durante la intervención que se habían destruido tramos de paredes de piedra seca y gavias centenarias, aparentemente con la intención de abrir un camino. La persona promotora de las obras carecía de los títulos habilitantes necesarios.
Tanto la propietaria del terreno como la empresa ejecutora fueron informadas de la paralización inmediata de los trabajos y de la remisión del acta correspondiente a la Oficina Técnica Municipal.
Los hechos podrían constituir una presunta infracción de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, calificada como grave conforme a su artículo 330. Las sanciones podrían oscilar entre 6.001 y 150.000 euros, además de la obligación de restablecer la legalidad física alterada.




