La decisión judicial, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirma la sentencia de primera instancia y condena al consistorio a asumir las costas del proceso. La anulación se debe a diversas irregularidades detectadas en la tramitación de la RPT.

Según el sindicato Sepca, promotor de la reclamación, la modificación de la RPT se llevó a cabo sin la debida negociación con las organizaciones sindicales. Esta modificación incluía cambios significativos, como la creación de más de 200 puestos de trabajo y la alteración de los requisitos de titulación para acceder a ciertas plazas.

Uno de los puntos clave de la controversia fue la validez de los informes-propuesta que sustentaron la modificación de la RPT. Estos informes fueron emitidos por un funcionario cuyo nombramiento había sido previamente declarado nulo por sentencia judicial firme antes de octubre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia determinó que la actuación del Ayuntamiento al permitir que este funcionario continuara al frente de la jefatura de servicio de recursos humanos y emitiera dichos informes, vició de nulidad la modificación de la RPT.

Otro aspecto polémico fue la modificación de los criterios de acceso a los puestos de Técnico de Administración General (TAG), lo que permitió la participación de personas que, hasta ese momento, no cumplían con los requisitos legales. Este cambio llevó a la convocatoria urgente de cinco plazas, una de las cuales fue ocupada por una funcionaria interina que posteriormente fue nombrada jefa de Recursos Humanos.

El sindicato Sepca también ha denunciado que el Ayuntamiento publicó en el Boletín Oficial de la Provincia que la modificación de 2022 era provisional, cuando en realidad ya había sido aprobada definitivamente. Esta acción, según el sindicato, pudo inducir a error al personal afectado y limitar la presentación de recursos judiciales.