El procedimiento judicial analiza si se vulneró el derecho a la participación política durante la sesión, en la que se abordó la situación de varios concejales. La institución local sostiene que el desarrollo de la sesión se ajustó a la normativa vigente en todo momento.
La controversia se centra en la falta de debate sobre un punto incluido en el orden del día. Según la postura municipal, el asunto consistía en una dación de cuentas, un trámite que, conforme a la ley, no requiere de deliberación parlamentaria.
La asesoría jurídica del consistorio ha ratificado que el procedimiento seguido fue correcto y que la información se trasladó conforme a los criterios de la Secretaría General. El caso se encuentra actualmente en fase de tramitación judicial a la espera de una sentencia definitiva.
