El órgano de control municipal ha puesto en entredicho la legalidad de la gestión del estacionamiento regulado, advirtiendo de una situación antijurídica. El informe subraya las irregularidades detectadas desde el año 2020 y emite una “opinión desfavorable” sobre la situación administrativa y económica actual.
Como consecuencia, se ha solicitado que se ordene “con carácter inmediato” el cese de la actividad de cobro y gestión por parte de la empresa concesionaria. Incluso se plantea que la Alcaldía instruya a la Policía Local para asegurar el cumplimiento del acuerdo de extinción, lo que incluiría el desalojo de la vía pública y la incautación de los fondos recaudados.
“"Han pasado ya 20 años sin que el Ayuntamiento haya sacado una nueva concesión, mientras la empresa adjudicataria original ha continuado prestando el servicio y recaudando los ingresos derivados de la zona azul, situación que provoca un perjuicio a la Tesorería de esta entidad local."
El origen de esta problemática se remonta a 2005, cuando la Junta de Gobierno Local adoptó dos decisiones contradictorias: una que declaraba la extinción de la concesión del servicio de aparcamientos controlados en Vecindario y áreas cercanas, y otra posterior que prorrogaba el contrato “hasta que se culmine con expediente de licitación del servicio público”. La Intervención destaca que, a pesar de esto, no se ha realizado una nueva licitación en dos décadas.
Fuentes municipales han indicado que el servicio sigue operativo porque los ingresos se destinan actualmente a un centro especial de empleo, aunque confirmaron que se está trabajando en un nuevo proceso de licitación. También se mencionó un intento fallido de ceder la gestión a la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa), que fue “frenado” en el Ayuntamiento capitalino.
Otro punto cuestionado es la naturaleza jurídica de los ingresos. El informe sugiere que las cantidades abonadas no deberían considerarse una tasa municipal, sino una “prestación patrimonial de carácter público no tributaria”, al ser un servicio gestionado por concesión. Por ello, se recomienda derogar la ordenanza fiscal actual y aprobar una nueva que se ajuste a la normativa vigente. Además, la Intervención señala la ausencia de un estudio económico o anteproyecto de explotación que justificara el canon concesional y la falta de un tipo de licitación en el pliego original, así como la no acreditación del seguro de responsabilidad civil de la concesionaria.
