El escrito presentado por Nueva Canarias, con un marcado carácter jurídico, solicita que la convocatoria del pleno para resolver la recusación sea gestionada por el primer teniente de alcalde. Esta petición se fundamenta en la creencia de que el regidor no debería convocar ni presidir una sesión que aborda directamente su propia situación.
Esta acción surge tras un tenso pleno municipal la semana pasada, donde el alcalde se apoyó en un informe del Gobierno de Canarias que, según su interpretación, avala su paso a la nueva formación. Este informe contrasta con la postura del secretario del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, quien, tras recibir el acta de expulsión de seis concejales de Nueva Canarias, dictaminó que debían ser considerados tránsfugas y pasar al grupo de no adscritos.
“"La recusación se fundamenta en que el alcalde ha continuado actuando en este expediente que le afecta en su esfera económico-patrimonial, en cuanto comporta ope legis la cesación de su dedicación exclusiva y de las correspondientes retribuciones y cuotas empresariales del Régimen General de la Seguridad Social."
La consideración de tránsfuga implicaría la pérdida de cargos de responsabilidad ejecutiva y de los salarios asociados. Además, esta situación podría tener repercusiones significativas para la nueva formación política, no solo en Santa Lucía de Tirajana, sino también en otros ayuntamientos de Gran Canaria donde se presentan circunstancias similares.
Según Nueva Canarias, esta coyuntura política también afecta al alcalde en su ámbito político-representativo, al determinar la pérdida de su condición de miembro del Grupo Político Municipal NC-FAC, y en la dimensión orgánico-institucional, al modificar la composición de la mayoría de gobierno de la corporación.
