La sesión, solicitada por la oposición para abordar la condición de no adscritos de seis ediles, incluido el responsable municipal, concluyó con un fuerte enfrentamiento. Este incidente se produce pocos días después de un pleno ordinario de abril que también finalizó de manera abrupta.
Durante el pleno extraordinario, que debía centrarse exclusivamente en el asunto que motivó su convocatoria, el responsable municipal se reafirmó en su decisión de considerar que los ediles no pueden ser declarados no adscritos, basándose en un dictamen del Gobierno de Canarias. La normativa establece que cualquier acuerdo sobre asuntos ajenos al orden del día puede ser declarado nulo.
“"Hoy deberíamos pasar sin mayor trauma por esta situación y reconducir la actividad normal de este Ayuntamiento a lo que importa y para lo que estamos aquí, que es a la solución de los problemas."
La oposición, a través de sus portavoces, insistió en la necesidad de «recuperar la legalidad» y denunció la vulneración de la normativa al alterar el contenido del pleno. Se le acusó de gobernar de manera ilegítima y de huir de la ética política, pidiéndole que reconociera su condición de no adscrito.
Pese a las peticiones, el responsable municipal se remitió a lo expuesto en el pleno anterior y defendió el informe de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias, que sostiene que los ediles continúan adscritos. Acto seguido, dio por finalizada la sesión, impidiendo incluso una cuestión de orden planteada por la oposición.
Tras el pleno, un portavoz de la oposición calificó lo ocurrido como «una ilegalidad» y anunció que se está preparando una denuncia penal por un presunto delito de prevaricación. Se estudian también acciones por la vía contencioso-administrativa, citando precedentes judiciales donde se ha condenado a responsables municipales por impedir el correcto desarrollo de plenos solicitados por la oposición.
