La formación política ha advertido sobre los riesgos jurídicos y financieros que supone mantener el cobro mientras se tramita el recurso ante el Tribunal Supremo. Según los datos expuestos, la recaudación acumulada asciende a 1.500.000 euros, una cifra que podría tener que ser devuelta si el fallo judicial adquiere firmeza.
El portavoz del grupo ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno municipal de julio. La propuesta incluye la creación de un plan de contingencia financiera y la solicitud de un informe a la Intervención municipal para evaluar el impacto económico de una posible nulidad definitiva de la norma.
Desde la organización se ha cuestionado la fórmula empleada por el gobierno local, argumentando que la ordenanza crea un impuesto sin la cobertura legal necesaria. Asimismo, han señalado la inseguridad jurídica que esta situación traslada al sector alojativo, que podría enfrentarse a reclamaciones de devolución por parte de los usuarios.
Como alternativa, el grupo propone impulsar un impuesto turístico de ámbito autonómico, similar al modelo de Galicia, que permita a los ayuntamientos aplicar recargos con plena seguridad jurídica para financiar infraestructuras y servicios públicos.
