La patronal celebra la anulación de la tasa turística de Mogán

La FEHT considera que la tasa actuaba como un impuesto y perjudicaba la competitividad del sector y a los residentes canarios.

Imagen genérica de una moneda de euro sobre un escritorio con documentos legales.
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Imagen genérica de una moneda de euro sobre un escritorio con documentos legales.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha aplaudido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento de Mogán, al considerar que gravaba la pernoctación sin justificación de servicio público.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha expresado su conformidad con la sentencia que anula el impuesto turístico a la pernoctación aprobado por el Ayuntamiento de Mogán. Esta resolución judicial respalda el planteamiento de la patronal, que considera que la figura creada por el consistorio actuaba materialmente como un impuesto y no como una tasa, al gravar la mera estancia sin una prestación concreta de servicio público que la justificara.
La FEHT subraya que su recurso buscaba defender la seguridad jurídica y la equidad tributaria del sector. La creación de nuevos impuestos, recuerda, corresponde al legislador estatal o autonómico, no a las administraciones locales. El sector turístico ya es un contribuyente principal, aportando cerca del 40% de los ingresos públicos a través del IGIC, además de generar miles de empleos.
La Federación mantiene que establecer mecanismos de doble imposición es improcedente, especialmente cuando el alojamiento turístico ya está gravado con un 7% de IGIC. Este impuesto anulado suponía una carga fiscal adicional para la competitividad del sector y para los propios ciudadanos canarios que se alojan en establecimientos de las Islas.
La patronal turística reitera su disposición a colaborar con las administraciones para mejorar la calidad y sostenibilidad de los destinos. La FEHT se ha mostrado a favor de tasas por visita a espacios naturales, justificadas por la prestación de servicios específicos y la conservación. Los objetivos compartidos, concluyen, deben alcanzarse respetando el marco legal y mediante el diálogo entre instituciones y el sector empresarial.