El futuro del Puerto de Mogán se encuentra en un punto crítico con dos aspirantes principales a su concesión. Por un lado, el Ayuntamiento de Mogán busca recuperar la gestión directa del puerto deportivo mediante una prórroga administrativa de 25 años. Por otro lado, la empresa concesionaria actual, Puerto de Mogán S.A., que ha gestionado la infraestructura durante casi medio siglo y cuya concesión expira en 2031, también desea renovar su contrato.
La alcaldesa, Onalia Bueno, ha llevado a Puertos Canarios ante los tribunales, argumentando que no se reconocen los derechos del consistorio como titular de la concesión. Paralelamente, el Ayuntamiento ha elevado al Pleno una propuesta formal para solicitar a Puertos Canarios la extensión de la concesión administrativa del Puerto Deportivo de Mogán por un cuarto de siglo adicional.
Esta iniciativa se fundamenta en un estudio técnico-económico que proyecta inversiones de modernización por valor de 13.345.000 euros, superando significativamente el mínimo legal requerido. El derecho del consistorio a solicitar futuras prórrogas se remonta a un acuerdo plenario del 7 de mayo de 1987, cuando se autorizó el traspaso de la gestión a Puerto de Mogán, S.A., reservándose expresamente la potestad de solicitar dichas ampliaciones.
Según el expediente, el Ayuntamiento ha intentado coordinar las inversiones necesarias con Puertos Canarios desde febrero de 2025, pero la reticencia del ente público autonómico ha derivado en un procedimiento judicial en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria. La situación se complica con el intento de la actual gestora privada, Puerto de Mogán, S.A., de solicitar unilateralmente la prórroga extraordinaria, generando tensiones institucionales.
Un estudio de ingeniería reciente ha valorado la inversión inicial del puerto en 45,8 millones de euros, estableciendo el umbral mínimo legal para la prórroga en 9.171.852 euros. La propuesta municipal detalla 18 actuaciones, incluyendo la sustitución de pantalanes, mejoras en dársenas, ensanche del dique de abrigo, nuevas edificaciones multiusos y la reforma del edificio de la cofradía de pescadores, sumando un total de 13,34 millones de euros.
El plan también contempla la implementación de un alumbrado público inteligente, plantas fotovoltaicas y un plan de accesibilidad universal e integración urbana peatonal. Para abordar la preocupación sobre las subconcesiones y locales comerciales, el Ayuntamiento ha redactado un convenio tipo que garantiza el respeto a la propiedad y derechos de uso de los residentes durante la prórroga ampliada, a cambio de su contribución proporcional a los costes de inversión y el nuevo canon.
