La administración local ha optado por una postura prudente, suspendiendo tanto la revisión anual del gravamen, fijado en 0,15 euros por noche, como la inversión de los fondos obtenidos durante el primer ejercicio. Esta decisión responde a la necesidad de contar con un respaldo jurídico firme ante el litigio iniciado por la patronal del sector contra esta medida, pionera en Canarias.

A pesar de la incertidumbre judicial, los resultados económicos del primer año han superado las previsiones iniciales. Según los datos de Mogán Gestiona, la empresa pública encargada de la recaudación, el segundo semestre de aplicación, comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, generó 725.685 euros a través de 1.037 autoliquidaciones.

El desglose de estos ingresos refleja una recaudación de 407.393 euros provenientes de establecimientos hoteleros, 263.910 euros de recintos extrahoteleros y 54.381 euros de viviendas vacacionales. Sumando los ingresos del primer semestre, el balance total del primer año asciende a 1,39 millones de euros.

La dirección de la empresa pública municipal ha señalado que, si bien el cumplimiento es elevado en hoteles y apartamentos, se intensificarán los requerimientos y procedimientos sancionadores para asegurar el pago en el sector de las viviendas vacacionales, donde se ha detectado una mayor irregularidad.