El Gobierno de Canarias planea modificar la unidad de explotación de las zonas turísticas mediante un decreto ley para abordar el conflicto de los residentes que viven habitualmente en unidades alojativas adquiridas. Esta problemática, arrastrada durante años, ha generado una alta litigiosidad.
Según el borrador del decreto, las personas que puedan acreditar su residencia en estas unidades antes del 1 de enero de 2017, bajo la anterior Ley del Suelo, verán reconocido su derecho incluso si el ayuntamiento no ha aprobado la especialización de usos. La presentación de una certificación de residencia previa en el ayuntamiento consolidará dicho uso.
Esta medida se espera que aporte una gran paz social, respondiendo a las demandas de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt). Fuentes cercanas indican que la aprobación del decreto ley dejará pocas excusas para la Palt y Ascav, dando fin a un cruce de demandas y sanciones entre explotadores, residentes y propietarios.
En un segundo nivel, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su concejal de Turismo, Alejandro Marichal, propone argumentar, basándose en un informe del catedrático José Francisco Villar Rojas, que antes de 1996 no existía un uso definido (ni turístico ni residencial), permitiendo a los ocupantes darle el que consideren. Este principio requerirá demostración.
La proximidad de las elecciones añade urgencia a esta cuestión, considerada una baza importante de cara a las urnas, especialmente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
