La magistrada Beatriz Rallo, del Juzgado de Instancia 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha rechazado la petición del Bloque Nacionalista Rural (BNR) y de Samuel Henríquez, concejal de San Bartolomé de Tirajana. La solicitud buscaba suspender el acuerdo del Consejo Político Nacional de Nueva Canarias-Frente Amplio (NC-FAC), adoptado el 22 de diciembre, que calificaba como “tránsfugas” a los ediles que dejaron el partido, incluyendo a Henríquez.
Los demandantes pretendían la suspensión inmediata de dicho acuerdo para evitar que se comunicara a los ayuntamientos, lo que implicaría que los concejales afectados pasaran a ser “no adscritos”. Esta condición limitaría significativamente sus derechos económicos y políticos, ya que no podrían superar los beneficios que habrían tenido si hubieran permanecido en su grupo original, Nueva Canarias-Bloque Canarista.
Los concejales de Primero Canarias argumentan que, aunque abandonaron Nueva Canarias, no se desvincularon de la coalición electoral completa, que incluía a otros partidos como el BNR, al que ahora afirman pertenecer. Sin embargo, la jueza ha denegado la solicitud al considerar que no se cumple el requisito de “apariencia de buen derecho” por parte de los demandantes.
El auto se ampara en las disposiciones del Pacto Antitranfuguismo, que estipula explícitamente que dentro de una candidatura promovida por una coalición se considera tránsfuga a la persona electa que abandona el partido político que propuso su incorporación (NC-BC), incluso si recala en otro espacio de la coalición (BNR), “siempre que lo haga sin el consentimiento del partido original”.
La magistrada subraya que los demandantes no aportaron los estatutos del partido que Samuel Henríquez abandonó y que no hay indicios de que Nueva Canarias-Bloque Canarista consintiera su paso al BNR. El fallo indica que este abandono, “no previsto en el pacto de coalición”, constituye a primera vista “una transgresión y un fraude de ley”.
La resolución judicial impone al BNR y a Samuel Henríquez el pago de las costas procesales, aunque la decisión no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. Este dictamen refuerza el debate en Santa Lucía de Tirajana, donde el alcalde Francisco García y otros cinco concejales que se unieron a Primero Canarias buscan evitar ser considerados tránsfugas.
