La decisión de revisar el proceso, del cual solo cinco plazas fueron cubiertas, fue comunicada por la concejala de Recursos Humanos, Elena Álamo. Según Álamo, esta medida busca garantizar la “absoluta transparencia” en un procedimiento que se llevó a cabo durante el mandato anterior, bajo la administración de PSOE, NC y una edil de Ciudadanos.
La revisión se produce un día después de que la interventora municipal, Tania Naya, solicitara por escrito al departamento de Personal información sobre el inicio de dicha revisión. Esta solicitud se realizó tras tener acceso a una denuncia presentada el 6 de abril por el empresario Juan Manuel Pérez, quien instó a la administración a actuar y a mantenerla informada sobre las gestiones.
El proceso se saldó con «irregularidades graves» como para declarar la nulidad radical del expediente.
En su denuncia, Pérez advirtió que, si no se actuaba antes del 21 de abril, llevaría el caso a la Fiscalía. El empresario afirma poseer “elementos probatorios adicionales de especial gravedad” que aún no ha revelado, los cuales podrían derivar en causas penales por presunta prevaricación por omisión e inacción. Esta situación ha generado reacciones de partidos como Primero Canarias y de la exalcaldesa Conchi Narváez, quienes han exigido máxima transparencia al gobierno local.
Entre las supuestas anomalías mencionadas por Pérez se incluyen la omisión del reconocimiento médico obligatorio, la posible existencia de certificados médicos falsos o manipulados, conductas de prevaricación por inacción, tráfico de influencias y revelación de secretos por una presunta filtración de pruebas. También se señala una falta de verificación de los requisitos psicofísicos exigidos por la normativa autonómica. Estas irregularidades ya fueron denunciadas en junio de 2023 por varios aspirantes, sin que hasta la fecha se hubieran atendido o investigado, según recordó el partido Hablemos Ahora en un comunicado.
