La resolución, dictada por la Dirección General de la Costa y el Mar, permite al consistorio consolidar la gestión de este espacio estratégico. Este acuerdo pone fin a un proceso administrativo iniciado hace años para resolver la situación jurídica de los terrenos, afectados por el deslinde marítimo-terrestre de 1995.
El nuevo marco jurídico autoriza el mantenimiento de los usos actuales, incluyendo terrazas, zonas peatonales y áreas verdes. Asimismo, el Ayuntamiento podrá ejecutar obras de conservación y modernización, siempre que se respeten los límites de superficie y altura establecidos por la normativa vigente.
Como parte de las condiciones, el consistorio deberá corregir las ocupaciones que excedan los espacios autorizados, como aquellas que invaden el paseo junto a las Dunas de Maspalomas o que dificultan el tránsito peatonal en la plaza central. Estas medidas buscan mejorar la accesibilidad y la seguridad jurídica de los establecimientos.
Además, la resolución otorga al municipio un derecho preferente durante sesenta años para solicitar nuevas concesiones en la zona, lo que refuerza la capacidad de planificación a largo plazo para este enclave turístico de Gran Canaria.
