El Sindicato de Trabajadores de las Administraciones Públicas (STAP), con representación en la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, ha emitido un comunicado alertando de que las recientes mejoras e inversiones anunciadas para las dependencias policiales no son fruto de una planificación preventiva, sino de años de reclamaciones sindicales y de la intervención de la Inspección de Trabajo.
El sindicato critica que el edil de Seguridad, José Carlos Álamo, presente como un éxito de gestión lo que consideran una rectificación forzada por la ley. Según el STAP, primero llegaron las denuncias sindicales, seguidas de requerimientos legales y, solo entonces, los anuncios de inversión.
Por su parte, Álamo ha defendido su apuesta inversora, destacando que en lo que va de mandato se han invertido más de 4 millones de euros en seguridad y emergencias, con unos 3 millones adicionales en marcha, de los cuales más de 2 millones se destinarán a la Policía Local para mejoras en oficinas, equipamientos, uniformidad, seguridad vial y nuevos taser, además de la renovación del parque móvil.
Los hechos a los que alude el STAP se remontan a principios de 2025, cuando presentaron denuncias por graves deficiencias en instalaciones, medios materiales y condiciones de trabajo. Una inspección de Trabajo el 2 de febrero de 2025 no pudo desarrollarse con normalidad, lo que motivó un procedimiento sancionador por presunta obstrucción contra el Ayuntamiento.
Posteriormente, el 18 de febrero de 2026, dos inspectoras de Trabajo realizaron una inspección completa, requiriendo documentación preventiva. Se detectó que la evaluación de riesgos laborales no se había actualizado integralmente en más de una década, a pesar de los cambios en el servicio.
La Inspección de Trabajo formuló 16 requerimientos obligatorios, destacando la inexistencia de un vestuario adecuado, problemas en duchas y aseos, insuficiencia de taquillas, deficiencias en puestos administrativos, ausencia de protocolos de limpieza de vehículos y carencias graves en la seguridad del armero.
Una evaluación interna del Ayuntamiento identificó otras 37 medidas correctoras adicionales, incluyendo deficiencias en la zona fría del armero, riesgos de caída, problemas eléctricos, deterioros estructurales y falta de medios exigidos por normativa. Un ejemplo citado es la sustitución de un sistema homologado de descarga de armas por un barril metálico de cerveza relleno de arena.
El STAP lamenta que, a falta de 20 días para que expire el plazo de la Inspección de Trabajo, no conste la corrección de ninguna deficiencia crítica ni de 'Prioridad I'. Critican la falta de diálogo del edil y el bloqueo de la respuesta a los representantes de los trabajadores.
En total, se reflejan más de medio centenar de deficiencias y medidas correctoras pendientes. El sindicato considera que estos incumplimientos suponen el mayor fracaso de la gestión de José Carlos Álamo al frente de la Concejalía de Seguridad.
El STAP exige la subsanación inmediata de los requerimientos, la ejecución de las medidas preventivas y un mecanismo de seguimiento público. Cuestionan por qué fue necesaria la intervención de la Inspección de Trabajo para que el Ayuntamiento abordara problemas denunciados durante años.
El sindicato concluye exigiendo dignidad y seguridad para los policías locales y para los ciudadanos que acuden a las dependencias policiales, rechazando más promesas vacías.
