El Sindicato de Trabajadores de las Administraciones Públicas (STAP) ha hecho pública una nota de prensa en la que expone que las mejoras e inversiones anunciadas recientemente en las dependencias de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana llegan tras años de reclamaciones y la intervención de la Inspección de Trabajo. El sindicato, que afirma contar con dos de los cinco delegados de personal, sostiene que el anuncio público de estas actuaciones no responde a una planificación preventiva, sino a "requerimientos laborales y a la presión de las denuncias sindicales".

Según el relato del STAP, los hechos se remontan a principios de 2025, cuando el sindicato presentó denuncias por deficiencias en instalaciones, medios materiales y condiciones de trabajo. Añaden que una inspectora se personó en febrero de 2025 y que esta circunstancia habría motivado la apertura de un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento por presunta obstrucción a la labor inspectora, pendiente de resolución. Posteriormente, en febrero de 2026, dos inspectoras realizaron una inspección completa, requiriendo documentación como la evaluación de riesgos laborales, que según el sindicato no se actualizaba integralmente en más de una década.

Como resultado de esta actuación, la Inspección de Trabajo formuló 16 requerimientos obligatorios con un plazo de tres meses para su subsanación. Entre los ámbitos señalados, el sindicato cita la falta de un vestuario adecuado, problemas de seguridad en duchas y aseos, insuficiencia de taquillas y equipamientos, deficiencias en puestos administrativos, ausencia de protocolos de limpieza de vehículos policiales y carencias de seguridad en el armero. Paralelamente, una evaluación preventiva contratada por el Ayuntamiento identificó otras 37 medidas correctoras, incluyendo deficiencias en la "zona fría" del armero, riesgos de caída, problemas eléctricos y deterioros estructurales.

El STAP subraya que los agentes continúan cambiándose "en los aseos" por falta de vestuarios y que las mujeres policía no disponen de vestuario ni duchas independientes. También mencionan la seguridad del armero y el estado de los vehículos. A falta de 20 días para que venza el plazo de la Inspección, el sindicato afirma que no le consta la corrección de "deficiencias críticas" ni las catalogadas como de "Prioridad I", vinculando los anuncios de inversiones a una "rectificación" motivada por los requerimientos.

Por su parte, el concejal de Seguridad, José Carlos Álamo, lamenta "la instrumentalización de los trabajos realizados" por parte del sindicato. Asegura que "durante la pasada legislatura no se realizaron inversiones en materia de seguridad y emergencias" y recalca que desde el Consistorio se han invertido más de cuatro millones de euros en tres años, con el objetivo de superar los seis millones. Afirma que actuaron "desde que tuvimos el presupuesto necesario", destacando una inversión reciente de dos millones en el parque móvil y diferentes infraestructuras, además de más de 450.000 euros para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos. Califica de "críticas oportunistas" los argumentos del sindicato.

El STAP considera que el concejal lleva más de nueve meses sin reunirse con los sindicatos y no ha respondido a una propuesta reciente para colaborar en la mejora de medios materiales. En total, el sindicato cifra en "más de medio centenar" las deficiencias o medidas pendientes, concretando 53 detectadas entre requerimientos y actuaciones preventivas. La organización reclama la subsanación inmediata de los requerimientos de la Inspección de Trabajo, la ejecución efectiva de las medidas preventivas y la creación de un mecanismo de seguimiento para verificar el cumplimiento de las actuaciones anunciadas.