La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, busca dar cabida a pueblos con décadas de historia, pero también podría afectar a proyectos controvertidos como Cuna del Alma, el hotel en La Tejita o los hoteles Riu en Corralejo, que actualmente tienen órdenes de demolición.
La propuesta incluye enmiendas del PSOE, que instan al Gobierno de Canarias a acelerar la tramitación de una ley de Costas autonómica, y de otros grupos que apoyan al ejecutivo, como Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera, quienes reclaman el traspaso efectivo de las competencias en esta materia por parte del Estado.
“"La Ley de Costas estatal, que data de 1988, no tuvo en cuenta las singularidades costeras del país y en particular de Canarias; dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados."
Un diputado socialista ha destacado que Canarias tiene la ventaja de contar con las competencias transferidas desde 2023, lo que permite impulsar una ley propia como la mejor forma de proteger los núcleos costeros. Ha recordado que el anteproyecto de ley se inició en mayo de 2024 y que la publicación de la consulta previa representa una oportunidad histórica si se tramita con rigor.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha sido criticado por su gestión en relación con la costa. Bajo su mandato, se ha facilitado la urbanización turística Cuna del Alma en el Puertito de Adeje, en el sur de Tenerife, archivando expedientes sancionadores y permitiendo la ocupación de la franja de protección costera. También se ha desechado la compra de terrenos en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel junto a una reserva natural.
Además, el ejecutivo autonómico recurrió ante el Tribunal Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura, aunque el Constitucional finalmente dio la razón al Estado. En octubre de 2023, se autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, en el sur de Gran Canaria, a pesar de una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición parcial de sus instalaciones, lo que ha generado un nuevo litigio judicial entre administraciones.




