La resolución del área de Urbanismo municipal se produce tras el fallo judicial, aún no firme, que desestimó un recurso presentado por la empresa promotora contra una decisión anterior del Ayuntamiento. Esta última instaba a restablecer la legalidad urbanística en la zona.

La situación se originó a raíz de una denuncia policial y de un partido político local, que alertaron sobre la demolición de muros de cerramiento en la primera planta del complejo y su posterior reconversión en 37 viviendas sin la debida autorización.

Antes de que la justicia se pronunciara sobre el contencioso, la entidad promotora había iniciado los trámites, a través del PAMU, para la regularización de estas casas. Sin embargo, un informe de la arquitecta municipal ya advertía sobre la existencia del procedimiento judicial y la necesidad de valorar su impacto una vez se conociera la sentencia. Esta valoración ha llevado a la paralización del programa.