La decisión del TSJC, comunicada oficialmente a las partes, rechaza la tramitación de la última casación solicitada por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y la mercantil Club Lanzarote. Esta resolución ratifica la sentencia de septiembre de 2022 que invalidó el plan de 2014.
“"La anulación del Plan no era deseable, porque a pesar de sus fallos ha sido un documento de mucha utilidad para el municipio, pero tenemos que acatar las decisiones judiciales y actuar en consecuencia."
El recurso inadmitido buscaba revertir la anulación, pero la decisión del Tribunal Supremo de junio de 2025 ya había validado la postura del TSJC. La anulación se originó a raíz de una impugnación presentada por un vecino, que argumentó que el PGOU de 2014 contenía aspectos contrarios a informes clave, como el de carreteras de la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias y contradicciones con informes del Cabildo.
El TSJC determinó que la omisión o desatención de un informe preceptivo conlleva la nulidad total del instrumento de planeamiento. El tribunal ha señalado que el vicio que llevó a la nulidad no es subsanable, al tratarse de la omisión de un informe preceptivo, lo que constituye una causa de nulidad de pleno derecho. No se han impuesto costas a las partes implicadas en el proceso.
La normativa de 1973 estará vigente hasta la aprobación de un nuevo planeamiento, un proceso que podría extenderse hasta finales de la década. Para ello, en marzo del año pasado, el Ayuntamiento de Yaiza firmó un acuerdo con la consultora Ingeniería, Estudios y Proyectos Europeos para la elaboración del nuevo documento, que podría incorporar muchos de los principios del plan anulado de 2014.
