La magistrada del juzgado de instrucción número uno de Arona ha dictaminado la suspensión de las instalaciones que la promotora estaba levantando en la zona de servidumbre de protección de la costa. Esta franja, de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar, es donde se construían un restaurante, una piscina descubierta y un párking para buggies, entre otras estructuras.
Estas edificaciones forman parte de la urbanización de 420 villas de lujo proyectada en este paraje, que se encuentra rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico. La resolución judicial instruye al Seprona para precintar la zona y documentar el área afectada mediante un reportaje fotográfico.
Un restaurante, una piscina descubierta o un párking para buggies pueden tener otra ubicación fuera de la zona de servidumbre porque no prestan un servicio necesario o conveniente para el uso del dominio público marítimo-terrestre, menos aún en un tramo de playa natural en el que no existe núcleo urbano.
La suspensión actual solo afecta a un 5,25% de la parcela T2 de Cuna del Alma, que abarca 45.000 metros cuadrados, aunque el plan completo se extiende por 430.000 m². La zona de servidumbre de protección es un área costera con usos muy restringidos por la Ley de Costas, destinada al paso público peatonal y la circulación de vehículos de vigilancia y salvamento.
La Fiscalía había argumentado que las instalaciones paralizadas no cumplen los requisitos legales para ubicarse en esta franja, ya que no son servicios esenciales para el uso del dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión judicial se produce después de que la magistrada estimara un recurso del Ministerio Público a principios de año, revirtiendo un archivo inicial de la causa penal.
La acusación popular, representada por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, ha intentado sin éxito extender la paralización a la totalidad del proyecto. Su querella inicial se dirige contra toda la urbanización por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación en la tramitación de la iniciativa.




