Aena ha establecido una nueva condición innegociable para Canarias, esta vez con un fundamento económico. El presidente de la empresa semipública, Maurici Lucena, afirmó el pasado jueves que el modelo aeroportuario vigente es inalterable, no solo por la legislación, sino también por la influencia de los mercados. El capital privado de la compañía asciende a aproximadamente 20.000 millones de euros, y cualquier modificación en la gestión de las infraestructuras podría provocar acciones legales por parte de los grandes inversores internacionales, quienes observan con "inquietud" el debate abierto con Canarias, así como con Cataluña, Galicia y Baleares.
“"Hay mucha preocupación."
La iniciativa política del Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, para obtener mayor control en la administración de sus aeropuertos, se encontró con esta nueva barrera impuesta por Lucena durante la junta de accionistas que ratificó su cargo. A esta se sumó otra restricción ya conocida: no habrá traspaso ni cogestión, y cualquier participación autonómica se limitará a una "cooperación reforzada" de carácter consultivo, sin capacidad de decisión.
Esto implica que el Archipiélago podrá participar en las discusiones, pero no tendrá poder de decisión. El control de sus aeropuertos permanecerá íntegramente en manos de Aena. Esta postura firme de la compañía se produce apenas seis días después de una reunión entre el Estado y la Comunidad Autónoma, donde los representantes de la Administración central habían asegurado que no se establecerían límites en las negociaciones.
Lucena ha sido acusado por el presidente Clavijo y el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, de defender los intereses de los accionistas privados (49%) frente a los públicos (51%). Ante las aspiraciones canarias, Aena propone un modelo de participación sin poder real, similar al acuerdo con el País Vasco, que consiste en un órgano bilateral estrictamente consultivo y sin efectos vinculantes.
“"El marco constitucional es incompatible con las peticiones de algunas comunidades autónomas."
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha recordado a Lucena que el propio Estatuto canario establece que la participación en los aeropuertos debe darse "en los términos que determine la normativa estatal". Esto abre la posibilidad a fórmulas que no cuestionen la titularidad ni la gestión global de la red, pero que sí permitan a Canarias tener un papel relevante en decisiones estratégicas.
“"El debate es cómo se articula una participación efectiva de Canarias dentro del marco legal vigente, y eso es exactamente lo que estamos negociando con el Estado."
