La puesta en marcha de la Agencia Canaria de Emergencias (ACE) se enfrenta a nuevos retrasos burocráticos, posponiendo su entrada en funcionamiento más allá del verano. La previsión inicial del Gobierno autonómico era tener la entidad plenamente constituida antes de que finalizara 2026, pero los plazos actuales dificultan el cumplimiento de este objetivo.
La creación de la Agencia se tramitará mediante un proyecto de ley, un procedimiento que implica plazos más prolongados. A pesar de la incertidumbre, el anteproyecto de ley ya ha superado el trámite de información pública, con fecha límite de alegaciones el pasado 16 de julio. Una vez finalizada esta fase, el texto continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva.
El viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas, Marcos Lorenzo, explica que la Agencia se integrará en la futura Ley Canaria de Protección Civil. Esta norma busca adaptar el sistema de emergencias del Archipiélago al marco normativo actual y reforzarlo ante las necesidades específicas de las Islas. La tramitación de esta ley será más extensa, por lo que la creación de la Agencia se realizará previamente mediante decreto.
El anteproyecto de ley argumenta que el sistema de emergencias de Canarias ha evolucionado significativamente desde la Ley Canaria de Seguridad y Emergencias de 2007, así como la normativa estatal. El objetivo es dotar al Archipiélago de un sistema "coherente, moderno y coordinado" para gestionar riesgos complejos, agravados por el cambio climático.
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ha contemplado una partida de 500.000 euros para la creación de la Agencia, además de 2,8 millones para unidades de Protección Civil y la redacción de la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil.
El anteproyecto justifica la reforma por las nuevas necesidades derivadas del crecimiento poblacional, el turismo, los incendios forestales y los fenómenos meteorológicos adversos, que han evidenciado la insuficiencia de la estructura organizativa actual.
La ACE reunirá recursos del Ejecutivo autonómico y se adscribirá a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Sus competencias incluirán la elaboración de proyectos normativos, la preparación de planes territoriales y especiales de emergencias, y la formación especializada del personal.
La Agencia actuará como instrumento de coordinación, apoyo y cooperación entre administraciones, sin sustituir las competencias de cabildos y ayuntamientos. Colaborará en el salvamento marítimo de competencia autonómica y tendrá funciones de inspección y potestad sancionadora.
