La petición se ampara en la Ley de Transparencia, tras conocerse el uso de hipoclorito para desinfección de aguas residuales en Tenerife, mientras las administraciones presentan posturas divergentes sobre los riesgos.
La AECCM busca determinar qué sustancias analiza Salud Pública, si hay controles de compuestos organoclorados y subproductos de la cloración, la frecuencia de las analíticas y sus resultados recientes.
Cuando una administración afirma públicamente que no existe contaminación o riesgo para la salud debe poder acreditar científicamente esa afirmación mediante datos analíticos objetivos, accesibles y verificables por la ciudadanía.
La asociación subraya que la protección de la salud de millones de usuarios de las playas canarias requiere máxima transparencia. Si existen estudios que descartan riesgos, deben ser públicos; si no, los ciudadanos tienen derecho a saberlo.
El objetivo de la solicitud es disipar dudas mediante la publicación íntegra de la información técnica y científica en poder de la Administración.
