Los investigadores critican que la restauración ecológica se está utilizando como una “narrativa de acceso a fondos públicos, a espacios protegidos y a territorios” que, de otro modo, estarían fuera del alcance de la actividad comercial y especulativa. Esta práctica, que denominan greenwashing científico, confiere una legitimidad técnica a iniciativas que no superarían un escrutinio independiente, dañando la reputación de la ciencia.
“"Escribimos esta declaración porque observamos, con creciente preocupación, una tendencia que consideramos éticamente inaceptable: la apropiación del lenguaje científico de la restauración ecológica para legitimar proyectos cuya naturaleza y finalidad son predominantemente comerciales."
El caso específico que genera mayor inquietud es el parque temático Underwater Gardens Park, en la costa suroeste de Tenerife. Su componente marino, Sea Garden, recibió 11 millones de euros para investigación y desarrollo, fondos que, según los científicos, quedarán al servicio de dicho parque temático en una zona que, a pesar de ser Zona Especial de Conservación, no soporta más presiones.
Entre los firmantes de la carta se encuentran miembros de grupos científicos de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y el CONICET. Todos ellos respaldan las alegaciones presentadas por la plataforma Salvar Punta Blanca contra el proyecto de Underwater Gardens, que busca ocupar una zona costera protegida en el municipio de Guía de Isora para instalar arrecifes artificiales y estaciones de monitoreo oceanográfico.
En la misma área, el Cabildo de Tenerife declaró de interés insular en 2022 otro proyecto de Underwater Gardens, descrito como un “parque regenerativo” que busca ofrecer “experiencias únicas de conexión con el mar y la naturaleza” a turistas y residentes, con una previsión de atraer a unos 3.000 visitantes diarios.
El 26 de marzo, el Gobierno de Canarias sacó a exposición pública el proyecto de los arrecifes artificiales. La plataforma Salvar Punta Blanca, que agrupa a 34 colectivos, ha exigido la nulidad de este trámite, argumentando que el documento omite deliberadamente la identidad de los técnicos que lo suscriben. Los ecologistas también advierten que la instalación de arrecifes artificiales alteraría un fondo marino arenoso de alto valor ecológico, hábitat de especies protegidas como el angelote o la tortuga verde.
Los colectivos extienden su preocupación al parque regenerativo de 17.000 hectáreas impulsado por Underwater Gardens, alertando que no son proyectos independientes, sino “dos patas de un mismo proyecto empresarial” tramitadas ante diferentes administraciones para evitar una evaluación conjunta. Un portavoz del proyecto europeo Ocean Citizen, en el que se enmarca la iniciativa, defendió que la autorización solicitada no debe interpretarse como una fase constructiva del parque regenerativo, sino como una relación científica y metodológica.
Los firmantes de la declaración, que ejercen la investigación en ciencias ambientales, ecología marina, biología de la conservación, geografía y ciencias sociales, hacen un llamamiento a la comunidad científica. Subrayan la responsabilidad de conocer quién financia los proyectos, qué intereses representan, cómo se usarán los resultados y qué consecuencias tendrán las intervenciones sobre los ecosistemas y las comunidades implicadas. Concluyen que la ciencia de la restauración ecológica debe ser protegida de quienes la usan como cobertura para intereses comerciales.
