Lluís Serra, rector de la ULPGC, y Francisco García, rector de la ULL, han expresado su insatisfacción tanto con la forma como con el fondo de la propuesta. Según el análisis de las universidades, la financiación prevista para gastos generales en 2027 asciende a 286,9 millones de euros, una cifra que se ve mermada por partidas condicionadas que impiden abordar gastos estructurales.
Las dos instituciones universitarias calculan que necesitarán 290,4 millones de euros solo para cubrir los incrementos retributivos establecidos por ley en 2026, que aún no se han abonado. Si se suma el incremento retributivo previsto para 2027, acordado a nivel estatal, el desfase para ese año se eleva a 15 millones de euros. Los rectores advierten que esta situación condena a las universidades a "seguir viviendo con respiración asistida".
A este desfase de 15 millones para 2027 se suma la pérdida de capacidad de gasto acumulada entre 2022 y 2026, estimada en 25 millones de euros. "La propuesta que nos han hecho desde el Gobierno no solo no nos permite crecer, es que ni siquiera garantiza el sostenimiento de nuestra actividad ordinaria", señalaron Serra y García. Añaden que el documento contempla penalizaciones de hasta el 2,5% sobre la financiación básica, algo considerado "sin precedentes".
Ambos rectores recordaron que la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) marca el objetivo de alcanzar una inversión cercana a los 600 millones de euros en las universidades públicas canarias para 2030 (el 1% del PIB autonómico). Sin embargo, la propuesta actual las sitúa por debajo de los 330 millones, "alejándose significativamente del objetivo marcado por la ley" y suponiendo 270 millones menos de lo previsto.
Subrayaron la importancia de una financiación adecuada para las universidades canarias, dada su "entorno geográfico alejado y singular por su insularidad". Sin ella, advierten, será imposible implantar nuevas titulaciones, ampliar plazas, promover la igualdad de oportunidades o renovar infraestructuras. "Sin una financiación adecuada y estable no solo pierden las universidades, sino Canarias", concluyeron.
Actualmente, las universidades públicas canarias reciben un 5% menos de financiación autonómica por estudiante que la media estatal, aunque la comunidad canaria tiene una financiación por habitante superior. Los rectores exigen la "urgente" reanudación de las negociaciones en septiembre para corregir el documento y hacer efectiva la promesa del Presidente Fernando Clavijo de contar con universidades públicas que cumplan las expectativas sociales.
