La futura normativa, actualmente en fase de tramitación, busca actualizar un marco legal que el Ejecutivo regional considera obsoleto. El objetivo principal es que la capacitación en diversidad y bienestar deje de ser una opción voluntaria para convertirse en un requisito indispensable para ejercer la docencia en los centros educativos de Canarias.
Uno de los cambios más significativos afecta a las aulas enclave. Según el anteproyecto, este recurso dejará de funcionar como una modalidad de escolarización paralela para transformarse en una medida temporal, reversible y revisable. De esta forma, el alumnado mantendrá su referencia en un grupo ordinario, participando en la vida diaria del centro mientras recibe los apoyos especializados necesarios.
“"La norma supondrá un cambio profundo en la forma de entender la inclusión en las aulas, contemplando la diversidad como una fortaleza del sistema educativo."
El texto también garantiza el derecho de las familias a la libre elección de centro, una demanda histórica que busca flexibilizar la normativa actual, la cual prioriza la proximidad al domicilio. Además, se implementará un nuevo modelo de informe psicopedagógico con un enfoque contextual, alejándose de la visión centrada exclusivamente en las carencias del alumnado.
La Consejería de Educación ha contado con la participación de federaciones de AMPAS y colectivos de personas con discapacidad para la elaboración del borrador. Se espera que la versión definitiva esté lista antes de finalizar el año, quedando pendiente su aprobación parlamentaria para entrar en vigor.
