La administración autonómica ha calificado de incoherente el sistema actual de control de gasto. Según la postura defendida por la Consejería de Hacienda, las normas fiscales vigentes fuerzan a la comunidad a generar un superávit destinado obligatoriamente a la amortización de deuda pública con entidades bancarias, a pesar de que el nivel de endeudamiento de las islas es notablemente inferior a los objetivos marcados.
El Ejecutivo regional sostiene que estos recursos deberían reinvertirse en necesidades ciudadanas y servicios esenciales. Esta demanda se fundamenta en la experiencia reciente, donde el exceso de gasto registrado en 2024 permitió atender situaciones críticas como la reconstrucción de La Palma, la gestión de menores migrantes y el cumplimiento de sentencias judiciales.
Otro punto de fricción reside en los acuerdos salariales estatales. La administración canaria advierte que las subidas pactadas por el Gobierno de España con los sindicatos generan sobrecostes en los presupuestos autonómicos que no cuentan con una compensación financiera clara, obligando a detraer fondos de otras partidas prioritarias.
