Las previsiones macroeconómicas de la AIReF, que ya consideran el impacto del conflicto en Oriente Medio, indican que la inflación crecerá un 3,2% este año, mientras que los salarios solo aumentarán un 3%. Esta disparidad resultará en una disminución del poder de compra para las familias canarias, que ya partían de una situación de bajos sueldos históricos.

La comunidad autónoma ha experimentado una pérdida del 4,7% en el poder adquisitivo desde 2021, debido al choque inflacionario provocado por la guerra en Ucrania. Aunque hubo una recuperación parcial del 3% en los últimos dos años, tras una caída del 7,8% entre 2021 y 2023, la tendencia no parece revertirse.

Los datos más recientes, de enero a marzo de 2026, mostraron una resistencia positiva en la diferencia entre el IPC y los salarios, con un modesto 0,46%. Sin embargo, el dato interanual de marzo ya señala un cambio de tendencia, truncando la recuperación iniciada debido al conflicto en Irán y la subsiguiente crisis de los combustibles.

El impacto será más notorio para los trabajadores del sector privado, cuyos salarios no se revisan con la misma frecuencia que las rentas dependientes de decisiones gubernamentales, como el salario mínimo o las pensiones. Los convenios colectivos no logran ajustar los sueldos al ritmo real de los precios, creando un desfase estructural.

Esta dinámica afecta a todo el tejido económico, ya que los incrementos salariales sin mejoras de productividad se convierten en un coste adicional para las empresas. Esto puede llevar a trasladar esos costes al precio final, alimentando la inflación, o a reducir márgenes, con el riesgo de pérdida de competitividad. La dependencia energética, la lejanía y la fragmentación territorial de Canarias amplifican estas perturbaciones externas.

A corto plazo, el endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo, con una previsible subida de tipos, añadirá presión sobre los hogares endeudados, afectando tanto a la cesta de la compra como a las hipotecas variables.