El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente a 2024, el primero completo del actual Ejecutivo, pone de manifiesto que las empresas públicas han recurrido a la contratación temporal de personal sin la debida fiscalización efectiva, a pesar de que la normativa autonómica lo prohíbe salvo en casos excepcionales, urgentes e inaplazables.
Prácticamente todas las entidades del sector público empresarial, a excepción de Proexca, Sodecan, Essscan, Visocan y Gesprotur, contrataron personal temporal sin que se realizara un control sobre la excepcionalidad de dichas contrataciones. Destaca el caso del Servicio Canario de Salud (SCS), donde el personal temporal representa el 77,2% de la plantilla total, con 34.802 trabajadores sobre un censo de 45.084.
El organismo auditor resume que la excepción legal se ha convertido en una práctica generalizada, sin que exista un filtro suficiente para verificar la urgencia y excepcionalidad de las necesidades. La Audiencia de Cuentas señala además que desde 2022 no se recogen las causas de excepcionalidad ni la obligación de informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, lo que facilita la incorporación de personal temporal sin el control previo que antes actuaba como barrera administrativa.
Estas irregularidades no son las únicas detectadas. La sociedad Visocan no presentó sus presupuestos a tiempo, afectando a las magnitudes agregadas del sector público empresarial. Asimismo, las entidades públicas empresariales Puertos Canarios y Essscan incumplieron los plazos de formulación y rendición de cuentas.
En cuanto a la contratación administrativa, el Consorcio El Rincón no remitió información contractual, y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural envió un resumen incompleto. En el sector público empresarial, Asista, Gestur y Visocan omitieron la relación anual de contratos, mientras que Essscan no envió información alguna. La Fiisc incluyó como contratos menores expedientes que superaban el umbral legal, y Funcatra incluyó contratos que debían haber sido excluidos.
En los organismos autónomos, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) mantiene subvenciones pendientes de justificar por 160,9 millones de euros. Por su parte, el SCS liquidó su presupuesto con un desequilibrio de 80 millones por créditos ampliables sin cobertura, una figura que la Audiencia de Cuentas recuerda que debe ser excepcional.
