A partir de finales de 2027, la aplicación de una nueva directiva europea endurecerá las obligaciones relativas al tratamiento de aguas residuales urbanas. Ante este escenario, el Gobierno de Canarias está gestionando más de 60 millones de euros en obras estratégicas para mejorar las redes de saneamiento y depuración.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, anunció la futura creación de una oficina técnica de apoyo a los ayuntamientos para afrontar proyectos de saneamiento y depuración. Esta iniciativa busca impulsar el cumplimiento de normativas cada vez más exigentes, especialmente para municipios con menores recursos económicos y humanos.
Miranda recordó que, si bien las competencias son mayoritariamente municipales, la ley establece que los consejos insulares asuman estas responsabilidades en municipios de menos de 20.000 habitantes. Señaló que la legislación europea se ha ido endureciendo y Canarias debe incorporar nuevos mecanismos para cumplir con las exigencias medioambientales.
Se refirió específicamente a la transposición de la Directiva europea 2024/3019, que rebaja los mínimos de cumplimiento por población en toda Europa, sin tener en cuenta las condiciones desiguales del Archipiélago. Citó la existencia de redes de colectores en medianías, núcleos dispersos, kilómetros de conducciones y afecciones a barrancos y espacios protegidos.
El consejero afirmó que Canarias comparte los objetivos ambientales de la Directiva y no pide excepciones generales, sino un régimen de aplicación propio, motivado y verificable. Por ello, se ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de un tratamiento diferenciado y un extra de financiación, amparándose en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea.
El objetivo es que se incorpore una disposición adicional en la directiva que atienda a las especificidades de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), se diseñe un Plan Canario de adaptación, se analicen los sistemas individuales de saneamiento y depuración como solución frente a la dispersión y se elabore un calendario realista con financiación adecuada.
Además de las reuniones con el MITECO, Miranda anunció próximos encuentros con los consejos insulares y la creación de una oficina de apoyo técnico a los municipios, especialmente a los de menor población, similar a la que ha tenido éxito en el plano técnico-urbanístico.
El consejero recordó que el Gobierno regional gestiona alrededor de 70 millones de euros en proyectos estratégicos en todas las islas para mejorar el sistema de saneamiento y depuración. Puso como ejemplos el nuevo sistema en La Graciosa, Playa Blanca (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura), San Blas (Tenerife), El Paso (La Palma), El Cotillo (Fuerteventura) y Valle Gran Rey (La Gomera).
