Los rectores de las dos universidades públicas canarias, Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL), han presentado formalmente sus quejas y alegaciones a la propuesta de financiación plurianual del Gobierno de Canarias. La propuesta, recibida el pasado 28 de julio de 2026 tras un año de espera, ha sido calificada por los responsables universitarios como una evidencia de la continua infrafinanciación de las instituciones académicas del Archipiélago.
Según los rectores, el presupuesto propuesto para 2026 y años anteriores no ha crecido lo suficiente para cubrir el aumento de gastos estructurales, incluyendo el personal, suministros y el mantenimiento de infraestructuras. Desde agosto de 2025, los equipos de gerencia universitarios habían informado de una pérdida estimada de 25 millones de euros en el período 2022-2026 para afrontar estos gastos.
Para el año 2027, las universidades públicas requieren aproximadamente 290,4 millones de euros para su sostenimiento. Sin embargo, la propuesta de la Consejería contempla solo 286,9 millones, lo que genera un desfase inicial de 3,5 millones de euros. Este déficit se incrementaría en otros 11 millones de euros debido al aumento retributivo legalmente acordado a nivel estatal, sumando un total de 15 millones de euros de desfase solo para el próximo año.
En el documento remitido a la consejera Migdalia Machín, se recuerda que las universidades ya comunicaron los impactos de los incrementos retributivos de 2025 y 2026 desde febrero de 2026. Por ello, resulta incomprensible que la propuesta financiera no incorpore estos costes, determinados por normativa estatal. Las universidades han calculado que la financiación total necesaria para sus gastos estructurales en 2027 asciende a 307.780.422 euros.
Los rectores también han abordado la necesidad de reducir la dependencia financiera de las universidades respecto a la comunidad autónoma. Señalan que la principal vía para lograrlo sería el aumento de los precios públicos de las enseñanzas, una competencia que recae en el Gobierno de Canarias.
A pesar de las dificultades con la financiación autonómica, las universidades han destacado su capacidad para captar recursos a través de convocatorias científicas competitivas a nivel estatal y europeo, así como en actividades de transferencia de conocimiento. No obstante, estos fondos no pueden destinarse a gastos estructurales, sino que deben invertirse en los proyectos de investigación aprobados.
Finalmente, las universidades expresan su sorpresa por la inclusión de penalizaciones de hasta el 3,5% de la financiación básica, así como por la exigencia de numerosos límites, reglas, auditorías e informes. Subrayan que cumplen anualmente con el mandato de equilibrio presupuestario y con los informes de auditoría requeridos por la ley autonómica.
Con este escrito, los rectores manifiestan su plena disposición al diálogo y a un análisis pormenorizado de todos los aspectos expuestos en sus consideraciones.
