Varias comunidades autónomas del Partido Popular han decidido emprender acciones legales contra el recientemente aprobado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Este movimiento judicial rompe la tregua inicial y desafía la norma presentada como un acuerdo clave en materia residencial.
La Comunidad de Madrid, Extremadura y Cantabria ya han comunicado la interposición de recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Se espera que al menos otras tres autonomías populares se sumen a esta iniciativa antes de que expire el plazo.
Fuentes del Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, han calificado estas acciones como "una nueva performance del PP de Génova", defendiendo que el plan cuenta con el aval del Consejo de Estado y no invade competencias autonómicas.
El plan, que busca movilizar 7.000 millones de euros (60% estatales, 40% autonómicos), ha generado tensiones previas. Las regiones del PP ya mostraron su desacuerdo durante la fase de redacción, aunque finalmente dieron el visto bueno en la Conferencia Sectorial de Vivienda.
Madrid argumenta que el plan "vulnera las competencias" autonómicas y "limita la capacidad de gestión". Extremadura ha iniciado requerimientos previos ante el Tribunal Constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa.
La portavoz de Vivienda en el Senado por el PP, Paloma Martín, critica que el programa se elaboró "de espaldas a las comunidades" y obliga a destinar recursos a "políticas fallidas", además de imponer una protección permanente a las viviendas construidas con fondos del plan, algo que considera declarado inconstitucional.
El Ministerio de Vivienda responde acusando a la dirección nacional del PP de responder "a cualquier avance de nuestro país con ruido y confrontación" y recuerda el acuerdo unánime para triplicar la inversión en vivienda. Se cuestiona si las autonomías que recurren renuncian al primer desembolso previsto para julio.
El PP también cuestiona informes del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía, que habrían advertido sobre el impacto económico de la protección permanente de la vivienda y la amplitud de los umbrales de renta de los beneficiarios, sugiriendo que algunas medidas podrían incrementar los precios.
