La sentencia confirma que la agente inmobiliaria se quedó con los fondos destinados a la adquisición de una nueva casa para una persona cuya vivienda fue expropiada debido a las obras del tranvía en Tenerife. La persona afectada, que se encontraba en una situación de “especial vulnerabilidad”, recibió apoyo de la sociedad municipal de viviendas de La Laguna (Muvisa), que le proporcionó una pensión y posteriormente 127.300 euros para la compra de una nueva residencia.
Los hechos se remontan a septiembre de 2020, cuando la acusada obtuvo la representación de la persona afectada para gestionar la expropiación y la búsqueda de una nueva vivienda. Autorizada para negociar con Muvisa, la agente recibió un total de 155.500 euros en la cuenta bancaria de su inmobiliaria como depósito para la compra. Sin embargo, este dinero, ingresado paulatinamente entre 2020 y 2023, fue utilizado para fines personales, dejando a la persona expropiada sin hogar y en la calle.
El alto tribunal indica que la Audiencia demostró de forma efectiva en su fallo que se cumplen todos los requisitos del delito de apropiación indebida.
Durante el juicio, la procesada reconoció haber recibido el dinero, pero alegó que no hubo intención de causar daño, sino que “confundió” los fondos con su patrimonio debido a problemas económicos, con la intención de devolverlos. No obstante, el Tribunal Superior de Canarias ratificó la condena, que incluye una multa de 1.500 euros, al considerar probados todos los requisitos del delito de apropiación indebida.
La situación de la persona afectada se agravó cuando, al intentar formalizar la compra de una vivienda gestionada por otra persona, la agente no se presentó en la notaría para hacer efectivos los fondos. Sus excusas, como embargos de Hacienda por una cantidad mínima, fueron desmentidas. Muvisa tuvo que realojar temporalmente a la persona, pagando alquiler y una pensión, y finalmente aportó otros 127.300 euros en julio de 2023, reclamando los 134.600 euros apropiados.
