La Sala ha desestimado los recursos de apelación presentados por los procesados, manteniendo así la decisión inicial de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Los hechos se produjeron en la tarde-noche del 14 de febrero de 2023, cuando los acusados atacaron por sorpresa a la víctima al salir de una vivienda.
La agresión, que se inició con un golpe en la cabeza con un objeto contundente de hierro, continuó mientras la víctima se encontraba en el suelo e indefensa. La sentencia detalla que el conflicto surgió por la gestión de inmuebles ocupados, y los acusados estaban vinculados a actividades de “okupación y desokupación violenta”, según informes de la Guardia Civil.
El ataque fue ejecutado con alevosía, al tratarse de una acción coordinada y sorpresiva que anuló cualquier posibilidad de defensa del afectado.
La víctima residía en la vivienda de Chayofa, abonando 300 euros mensuales, y se había negado a abandonar el inmueble a pesar de las presiones previas de los ahora condenados. Las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad, generando un riesgo vital que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas y dejó secuelas físicas y psíquicas significativas.
Además de los 11 años de cárcel para cada uno, la Sala ha ratificado la inhabilitación absoluta, la libertad vigilada y la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima. En concepto de responsabilidad civil, los agresores deberán indemnizar con 250.000 euros al perjudicado principal y 1.000 euros a su hija, quien también fue agredida al intentar detener el ataque.
El tribunal ha rechazado las alegaciones de vulneración de la presunción de inocencia, considerando que existe prueba testifical, pericial y documental suficiente. Asimismo, se ha ordenado investigar si alguno de los testigos incurrió en falso testimonio durante el proceso, confirmando que el ataque mantuvo un claro ánimo homicida por la contundencia y las zonas vitales de los golpes.
