La propuesta normativa ha generado rechazo al contemplar que trabajadores de empresas externas puedan realizar labores de inspección y control, funciones que hasta la fecha estaban reservadas exclusivamente al personal funcionario. Entre los colectivos que han formalizado sus objeciones se encuentran la Asociación Profesional de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias.
El foco de la controversia se sitúa en el Parque Nacional del Teide. Los socialistas han solicitado la eliminación de artículos específicos del texto legal, argumentando que permitirían que las actas levantadas por guardas rurales privados tuvieran presunción de veracidad y valor de documento público, sirviendo como base para iniciar expedientes sancionadores contra la ciudadanía.
Desde el ámbito político se advierte que la externalización de estas potestades públicas vulnera la seguridad jurídica. Se defiende que la inspección ambiental debe permanecer bajo control de funcionarios especializados para garantizar el interés general, rechazando que la gestión de espacios naturales se delegue en personal sin la condición de autoridad pública.
Actualmente, el Cabildo de Tenerife cuenta con un servicio de guardas rurales contratado a través de una empresa externa para tareas de apoyo y vigilancia en accesos clave del parque. No obstante, las alegaciones presentadas buscan marcar una línea divisoria clara entre las labores de asistencia y las funciones de autoridad que, a juicio de los recurrentes, deben ser exclusivas del personal público.
