La discusión en la Cámara, previa a la convalidación del decreto el próximo 29 de abril, puso de manifiesto una profunda polarización. Mientras el presidente Fernando Clavijo y sus aliados (CC, PP, ASG y AHI) defendieron las medidas como la única respuesta posible ante un escenario internacional adverso, la oposición, liderada por el PSOE y NC, las calificó de insuficientes y tardías.
“"No hay posibilidad de parar el golpe de los efectos de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, solo amortiguarlos. Habrá que meter más combustible en la economía incrementando la inversión pública y para ello necesitamos que se flexibilice la regla de gasto."
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, acusó al Ejecutivo de “falta de sensibilidad social” y de “mucho postureo mediático”, lamentando que las familias canarias hayan sido “dejadas solas durante 40 días”. Por su parte, Luis Campos, de NC, fue aún más contundente, afirmando que las medidas “llegan tarde, llegan mal y llegan trucadas”.
Campos destacó la disparidad en la inversión, señalando que los 29,8 millones de euros movilizados por Canarias palidecen en comparación con los 450 millones de Cataluña o los más de 1.000 millones de Euskadi. También criticó la falta de medidas efectivas para los más vulnerables, ejemplificando con la reducción del IGIC a la sal, que, según él, no beneficia a las familias con menos recursos.
En respuesta, Clavijo desvió la crítica hacia el Gobierno de España, argumentando que la “falta de sensibilidad hacia Canarias la tuvo el Gobierno de España”, en un intento de justificar la postura de su Ejecutivo.
