El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha convocado una manifestación para el próximo 27 de junio con el objetivo de defender el derecho a la vivienda y denunciar el avance de la especulación inmobiliaria. Según el sindicato, esta especulación continúa expulsando a vecinos, trabajadores y familias de sus barrios y municipios.

La movilización se centrará en La Laguna, un municipio que, según el comunicado emitido por el sindicato, simboliza claramente el impacto de la crisis habitacional que atraviesa Canarias y las lógicas especulativas asociadas. Esta iniciativa surge en un contexto de emergencia habitacional cada vez más grave en las islas, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una preocupación primordial para la clase trabajadora.

El Sindicato critica que el sistema habitacional actual responde a una lógica estructural subordinada a la rentabilidad económica, la inversión especulativa y la mercantilización del territorio, priorizando el beneficio privado sobre el derecho fundamental a la vivienda.

Entre las principales demandas de la convocatoria se encuentra la declaración inmediata de zonas tensionadas y la aplicación de un tope al alquiler en municipios como La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, donde el encarecimiento de la vivienda está provocando la expulsión de residentes y familias trabajadoras.

Asimismo, se aboga por una política efectiva de recuperación de vivienda vacía, especialmente la acumulada en manos de grandes tenedores, mediante mecanismos de presión fiscal e incremento de impuestos para incentivar su incorporación al mercado residencial. El sindicato rechaza modelos como la bolsa de vivienda vacía del Gobierno de Canarias, que considera basada en la voluntariedad y en incentivos fiscales insuficientes.

La organización también reclama la prohibición de la compra de segundas residencias por parte de capital especulativo, tanto nacional como extranjero, argumentando que el territorio y la vivienda no deben ser meros activos financieros. Se considera imprescindible una ampliación decidida del parque público de vivienda, priorizando su función social y su destino a alquiler asequible o vivienda protegida.

La movilización del 27 de junio busca generar un nuevo espacio de presión social y organización colectiva frente a un modelo habitacional que, según el Sindicato de Inquilinas, beneficia la especulación en detrimento del derecho a la vivienda.