Esta dotación presupuestaria, formalizada a través de un contrato de carácter estatal, se enfocará en la implementación de medidas especiales para la regulación, ordenación y gestión del flujo vehicular. La iniciativa surge en un contexto de debate social sobre la congestión recurrente en las principales vías de comunicación del archipiélago.
Según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Secretaría General de la DGT ha completado la tramitación del expediente. Los fondos tienen como objetivo principal incrementar la seguridad vial y potenciar la capacidad operativa de las infraestructuras de transporte terrestre en zonas estratégicas. Las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas están explícitamente incluidas en este marco de actuación.
El despliegue técnico del contrato, aunque abarca redes viarias peninsulares, considera al archipiélago como un núcleo de actuación singularizado por provincias. Si bien el BOE no detalla la cuantía exacta por isla ni especifica kilómetros concretos, la inclusión formal de ambos territorios insulares permite la ejecución de operativas especiales para mitigar la congestión diaria que afecta a miles de conductores.
La empresa adjudicataria de este concurso público es Api Movilidad S.A., especializada en este tipo de servicios y con sede en Madrid. La firma ejecutará las tareas por un importe exacto de 4.128.317,06 euros. El proceso de licitación pública, que se resolvió mediante procedimiento abierto, recibió una única oferta de una pequeña y mediana empresa que cumplió con los requisitos técnicos del Ministerio del Interior.
La mesa de contratación evaluó diversos factores para la adjudicación, incluyendo la memoria descriptiva de ejecución, planes de seguridad vial, la propuesta económica, planes de optimización del servicio técnico y mejoras tecnológicas en recursos de control y equipamiento auxiliar.
La resolución llega en un momento de alta sensibilidad sobre la movilidad y las retenciones en las islas. Sin embargo, el documento oficial se centra en la formalización del contrato técnico y no especifica la aplicación inmediata en tramos concretos de autopistas como la TF-5 y TF-1 en Tenerife o la GC-1 en Gran Canaria. A pesar de la falta de concreción, la habilitación de fondos permite a la DGT introducir sistemas de monitorización, señalización variable o desvíos coordinados.
