El Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Santa Cruz ha emitido una resolución que ordena al Real Casino de Tenerife el cese inmediato de las actividades que se desarrollan en sus instalaciones, incluyendo restaurantes, bares, gimnasio y salas de eventos. La medida se fundamenta en la organización de estos eventos sin las autorizaciones requeridas por la Ley 7/2011 de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

Paralelamente, se ha abierto otro expediente que propone una sanción superior a los 25.000 euros a la entidad por exceso de ruido durante la celebración de actos conmemorativos de su 185 aniversario en el verano de 2025. El consistorio inició la investigación tras una denuncia vecinal por molestias continuas.

La sociedad recreativa, que cambió su junta directiva a principios de año, se niega a regularizar su situación y ha optado por presentar alegaciones y un pleito judicial. El Real Casino argumenta que su carácter de club privado y sin ánimo de lucro, con unos 2.000 socios, le exime de cumplir la normativa general de espectáculos públicos, al considerar que sus actividades son estrictamente privadas y no abiertas al público general.

El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que la naturaleza real de las actividades y el acceso de personas ajenas a la condición de socio determinan la aplicación de la ley. La resolución, firmada por la concejala de Urbanismo, Zaida González, recalca que la exigencia de un título habilitante es esencial para garantizar la seguridad y prevenir riesgos, y que la realidad funcional de las actividades del Casino no se equipara a las celebraciones estrictamente familiares o privadas excluidas por la ley.

El consistorio ha aclarado que estos procedimientos no son singulares contra el Real Casino, sino parte de actuaciones generales para adaptar a la legalidad vigente a distintos clubes y entidades sociales de la ciudad. Otros clubes como el Club de Tenis de Tenerife o el Círculo de Amistad XII de Enero ya están en proceso de regularización.

El Real Casino, que ha defendido su relevancia histórica y su contribución a la sociedad tinerfeña, ha solicitado medidas cautelares para suspender la orden de cese mientras los tribunales resuelven el fondo del asunto. El Ayuntamiento, sin embargo, afirma no haber recibido ninguna resolución judicial que suspenda dicha orden y considera que las actividades debían haberse paralizado.