La decisión del organismo fiscalizador pone fin a la causa vinculada a la empresa RR7, a la que el Servicio Canario de Salud (SCS) abonó cerca de cuatro millones de euros en 2020 por un lote de mascarillas que nunca llegó a los hospitales canarios. Este archivo se produce tras dos años sin que se presentaran alegaciones, conforme al artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En diciembre de 2023, el Tribunal de Cuentas ya había acordado el archivo provisional del procedimiento. La instructora concluyó que los hechos no generaban responsabilidad contable, dado que el propio SCS había activado mecanismos para intentar recuperar las cantidades pagadas. La resolución avala la actuación del SCS en un momento de extrema complejidad.

Entre los imputados en el 'caso mascarillas' se encontraban el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, y la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa. También estaba implicado el administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.

A pesar del cierre en la jurisdicción contable, la vía penal del caso sigue abierta bajo la dirección de la Fiscalía Europea, que investiga posibles delitos relacionados con la operación y el destino de los fondos. Aunque el Gobierno canario no ha recuperado el dinero, se han producido incautaciones a los implicados en el presunto fraude.