Unas 160 organizaciones de la sociedad civil europea han enviado una carta a la Comisión Europea para advertir sobre las fuertes presiones ejercidas por algunas industrias de alimentación, bebidas y envases. El objetivo de estas presiones, según las entidades firmantes, es posponer y revisar la aplicación del nuevo Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR), que debería entrar en vigor el próximo 12 de agosto.

Este reglamento incluye restricciones significativas, como la limitación de las sustancias PFAS (conocidas como 'químicos eternos') en los envases de alimentos. Entre los firmantes se encuentran organizaciones ambientales, de consumidores y empresas comprometidas con la reutilización, quienes buscan contrarrestar las demandas de grandes multinacionales como Coca-Cola, McDonald's y Heineken.

Los colectivos consideran la normativa una "medida crucial para proteger a los ciudadanos de la UE y al medio ambiente" y exigen su aplicación tal como fue aprobada. Advierten que cualquier retraso "supondría un grave riesgo para la salud de los consumidores europeos y pondría en peligro la circularidad segura de los materiales secundarios".

La reacción de la sociedad civil se produce tras una carta enviada el pasado 29 de abril por 138 empresas de los sectores afectados, solicitando retrasar o modificar disposiciones clave del reglamento. Según las organizaciones sociales, esto podría aplazar la restricción de PFAS y flexibilizar otras obligaciones, como la limitación de plásticos de un solo uso y medidas de prevención de residuos.

Carlos de Prada, responsable de Hogar sin Tóxicos, una de las entidades firmantes, expresó su preocupación por los intentos de retrasar una medida tan necesaria para reducir la exposición a contaminantes como los PFAS, que entran en el organismo a través de los envases alimentarios.

Las ONG denuncian que algunas empresas que promueven su compromiso ecológico buscan ahora debilitar normas de reducción de envases y limitar la reutilización. Consideran que esto no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que también compromete los objetivos de una economía circular, para la cual el reglamento es esencial.

Además, señalan la irregularidad de no cumplir un reglamento ya aprobado tras un "proceso de codecisión completo y riguroso". Advierten que reconsiderar compromisos políticos ya alcanzados sentaría un "precedente peligroso", minando la confianza en el Derecho de la UE y generando inestabilidad regulatoria.