El documento, elaborado por un equipo multidisciplinar de nueve expertos y entregado por la acusación popular Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, concluye que casi 300.000 metros cuadrados de terreno, el 66,8% del total, han sufrido el impacto directo de las obras o se encuentran en parcelas que, según el informe, incumplen la normativa. La promotora Segunda Casa Adeje SL no ha respondido a las consultas sobre estas conclusiones.
El estudio detalla que los movimientos de tierra han generado dos grandes escombreras de 348.000 y 115.000 metros cúbicos. Además, se han perdido 17,9 hectáreas de suelo agrícola de regadío, valoradas entre 1,5 y 2 millones de euros, y 3,8 hectáreas de vegetación que absorbían 63 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anualmente. Se prevé que, al finalizar la urbanización, se habrán eliminado 8,2 hectáreas que capturaban 136 toneladas de CO2.
El Lugar de Interés Geológico (LIG) ‘Ignimbritas y depósitos de caída plinianos pleistocenos del Puertito de Adeje’ ha perdido el 25,1% de su superficie debido a las excavaciones. Los autores advierten que el daño futuro podría alcanzar el 75,5% del LIG, lo que implicaría la eliminación de fases eruptivas completas del registro geológico, imposibilitando su estudio futuro.
Esto significa que fases eruptivas completas han sido eliminadas de dicho registro, de manera que su estudio no será posible en el futuro cuando seguramente contemos con técnicas analíticas muy superiores a las que tenemos actualmente.
El informe también señala que 15,5 de las 265 hectáreas del Llano del Camello, un área prioritaria de reproducción de especies amenazadas declarada en 2015, ya están dañadas. Se estima que las obras afectarán a 44,9 hectáreas, fragmentando el espacio por la construcción de 3.600 camas turísticas. Respecto a la viborina triste, una planta con protección especial, el 21,2% de sus núcleos poblacionales ya han sido destruidos, y se prevé que el 91% de su hábitat en la zona desaparecerá, sin evidencia científica de traslocación exitosa.
Asimismo, el Hábitat de Interés Comunitario (HIC) de matorrales y tabaibales ha disminuido en un 25,4%, unas 3,76 hectáreas, con daños calificados de “constantes e irreparables”. La urbanización podría consumir el 55% de este HIC. De los 57 bienes patrimoniales hallados, 13 han desaparecido o sufrido daños, incluyendo yacimientos arqueológicos aborígenes, elementos etnográficos y una casa tradicional canaria. Otros 11 bienes corren riesgo de desaparecer por falta de estudios de valor, y 18 tienen un “futuro incierto” a la espera de la aprobación de una zona musealizada propuesta por el Cabildo de Tenerife.
El documento también advierte sobre futuros impactos marinos, como el aumento del tráfico marítimo cerca de la zona protegida Franja Marina Teno-Rasca, lo que incrementaría el riesgo para tortugas, delfines y calderones. La modificación de la playa con arena podría afectar a bancos de arena y cuevas submarinas, así como a los sebadales. La posible instalación de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) cerca de la playa representa un riesgo de vertidos de aguas negras a la bahía de El Puertito.
Finalmente, el informe menciona la falta de evaluación ambiental del proyecto, la estrategia del Ayuntamiento de Adeje para autorizar el traslado de la viborina triste bajo el pretexto de la crisis de vivienda (a pesar de que el proyecto no incluye vivienda pública), la expropiación de la familia Galindo y el conflicto de intereses del expresidente del órgano ambiental de Adeje, Rosendo López, quien trabajó simultáneamente para la promotora.
