Los agentes de la Policía Canaria (CGPC) descubrieron que los dispositivos permitían vigilar las actividades diarias en estos espacios privados. Durante la inspección, se constató que la dirección del centro carecía de documentación que acreditara el consentimiento expreso de los usuarios o sus representantes legales, así como del deber de información preceptivo sobre la instalación de las cámaras.
Estos hechos podrían constituir una vulneración del derecho a la intimidad y ser constitutivos de un delito recogido en el Código Penal vigente.
La intervención se enmarca en un acuerdo de colaboración entre las consejerías de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que contempla la participación de la Policía Autonómica en la inspección de centros y servicios sociales.
Estas actuaciones buscan mejorar el control y la supervisión de los recursos asistenciales en Canarias, especialmente en centros residenciales, de día y de noche que atienden a personas mayores o con discapacidad, garantizando la protección de sus derechos.
