La resolución judicial, que estima el recurso presentado por la Fiscalía, revoca la suspensión del ingreso en prisión del encausado. El tribunal ha determinado que la atenuante de reparación del daño no era aplicable, al considerar que las cantidades consignadas por el responsable eran insuficientes frente al perjuicio total causado, cifrado en cerca de 13.000 euros.

Los hechos probados señalan que, entre 2016 y 2019, el principal responsable engañó a al menos 16 personas simulando tener contactos en la Jefatura Provincial de Tráfico y en oficinas de Extranjería. El esquema consistía en la venta de permisos de conducir y autorizaciones de residencia falsificados, por los cuales cobraba importes que oscilaban entre los 300 y los 3.600 euros.

Para dar apariencia de legalidad, los implicados utilizaban plantillas falsas y concertaban citas en páginas oficiales, instando a las víctimas a no acudir personalmente a los organismos públicos. Durante los registros realizados en viviendas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, las autoridades intervinieron documentación falsificada vinculada a cerca de 80 personas.