La cogestión aeroportuaria en Canarias enfrenta la oposición de Aena y sus accionistas

El presidente de Aena, Maurici Lucena, advierte que los socios privados se opondrían legalmente a la participación canaria en la gestión de los aeropuertos.

Imagen de manos firmando un documento, simbolizando acuerdos o decisiones políticas.
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Imagen de manos firmando un documento, simbolizando acuerdos o decisiones políticas.

La aspiración de Canarias de participar en la cogestión de sus aeropuertos se topa con la firme oposición de Aena y sus accionistas privados, quienes, según el presidente Maurici Lucena, no tolerarían la injerencia autonómica y recurrirían a los tribunales.

El presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Maurici Lucena, ha manifestado la postura de la compañía frente a la reivindicación de Canarias para integrarse en la cogestión de los aeropuertos insulares. Lucena argumenta que los accionistas privados de Aena, que poseen el 49% de las acciones, se opondrían a la entrada de representantes del Ejecutivo autonómico como socios de facto, lo que podría derivar en litigios judiciales.

"Ya están muy intranquilos."

Maurici Lucena · Presidente de Aena
Esta situación se enmarca en un contexto donde Aena representa un negocio con un volumen anual superior a los 20.000 millones de euros. Entre los accionistas privados se encuentran entidades como BlackRock, Morgan Stanley o TCI Luxembourg. La privatización parcial de Aena se llevó a cabo en febrero de 2015 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, vendiendo el 49% de las acciones a 58 euros cada una, alcanzando rápidamente los 100 euros en abril del mismo año. Un año después de su salida a bolsa, el valor de la empresa pasó de 8.700 millones a cerca de 14.000 millones de euros.
Cabe recordar que el Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgado en 2018, contempla la posibilidad de que la comunidad autónoma participe con el Estado en la gestión aeroportuaria. Esta disposición fue impulsada por Coalición Canaria. Sin embargo, la interpretación actual por parte de Aena y el Gobierno central parece limitar esta participación a la cooperación, excluyendo la cogestión efectiva, bajo el argumento de la posible reacción legal de los socios privados.