La normativa, aún en fase de tramitación, tiene como objetivo proteger la labor del profesorado y responder al aumento de la conflictividad en los centros escolares de las Islas. Sin embargo, las familias consideran que el texto ignora problemas fundamentales del sistema educativo, como el acoso escolar y el incremento de suicidios entre menores, y temen que pueda vulnerar los derechos del alumnado.
“"El preámbulo de esta norma sitúa las familias y alumnado como el foco de un clima problemático, y sus herramientas se basan en recordar quiénes tienen la verdad y quién merece ser protegido, en lugar de fomentar la corresponsabilidad."
En la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, las AMPAS solicitaron que se consideren sus propuestas para reformular la ley. Sergio de la Fe, representante de la Federación de Ampas de Gran Canaria-Galdós, describió la medida como “vacía y redundante”, ya que la legislación actual ya contempla la autoridad del profesorado. Propuso abandonar la normativa actual y elaborar un anteproyecto de ley con la participación de expertos y el Consejo Escolar de Canarias (CEC), criticando la limitada intervención de las familias en el proceso.
Para una reforma más integral, De la Fe sugirió aumentar la financiación educativa y asegurar el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación. Argumentó que la falta de inversión es una muestra de “falta de respeto” hacia la comunidad educativa, que opera con infraestructuras deficientes y ratios elevadas. También demandó blindar el CEC, haciendo obligatorios sus informes incluso en las proposiciones de ley.
Por su parte, Mariam Álvarez, también de la Federación de Ampas de Gran Canaria-Galdós, destacó que el porcentaje de agresiones entre alumnos y docentes es bajo. Criticó la ley por basarse en una percepción errónea de la violencia en las aulas y señaló datos preocupantes como que el 70% de los suicidios de menores están relacionados con el acoso escolar, y que el 63% del profesorado carece de formación para identificar situaciones de desprotección.
Ismene de Santiago, de la Federación de Ampas de Fuerteventura-Fimapa, cuestionó la vinculación entre el reconocimiento docente y el concepto de autoridad, y la focalización del debate en situaciones que no reflejan la realidad diaria de las escuelas. Hizo hincapié en la posible vulneración de los derechos del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), argumentando que la crispación en los centros se debe a la falta de recursos y estructura para atender la diversidad, no a la ausencia de autoridad.
“"Las familias no nos enfrentamos al profesorado, pero lo que no podemos aceptar es que nos presenten como los responsables del deterioro de la convivencia en los centros."
A pesar de las críticas, las AMPAS reconocen la necesidad de apoyar al profesorado, pero insisten en que el enfoque actual del debate no contribuye a resolver los problemas de convivencia en las aulas de Canarias.
