Una enmienda a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se tramita en el Parlamento de Canarias, busca dar respuesta a una de las principales demandas de los propietarios de pozos y galerías de agua. Esta iniciativa pretende prorrogar la vigencia de los derechos adquiridos sobre aguas públicas, cuya extinción estaba prevista para 2040 según la Ley de Aguas de 1990. El objetivo es evitar el rescate o la expropiación forzosa de estas captaciones privadas.
La normativa afecta principalmente a islas como Tenerife, La Palma y La Gomera, donde el uso de pozos y galerías es crucial para el abastecimiento, especialmente en contraste con Gran Canaria, que prioriza el riego, y Lanzarote y Fuerteventura, donde la desalinización es más común. La ley de 1990 establecía que, a partir de 2040, las captaciones privadas preexistentes pasarían a ser de titularidad pública, requiriendo procedimientos de expropiación y compensación.
Esta modificación legislativa surge tras el fracaso de un primer intento de prorrogar la vigencia de estos derechos a través de la Ley de Cabildos. Los grupos que apoyan al Gobierno regional, como CC, PP, ASG y AHI, han impulsado esta nueva vía. La consejera insular de Medio Natural y Sostenibilidad, Blanca Pérez, ya había señalado la importancia de apoyar al sector hídrico para evitar problemas de abastecimiento en Tenerife.
La disputa por el control público del agua en Canarias se remonta a la Ley de Aguas de 1987, impulsada por el Gobierno de Jerónimo Saavedra. Aquella ley buscaba someter los acuíferos y galerías a un mayor control administrativo y transparentar el mercado del agua, que históricamente había estado en gran medida en manos privadas a través de heredades y comunidades de aguas. La reacción del sector privado fue intensa, llegando a producirse incidentes en el Parlamento.
Posteriormente, en 1990, se aprobó una nueva legislación que, si bien mantenía el interés general y la ordenación pública, buscó una salida pactista reconociendo el valor económico de los derechos históricos y reforzando el papel de los cabildos. La enmienda actual pretende cerrar esta antigua disputa, que ha marcado la complejidad de la ordenación hídrica en el Archipiélago durante décadas.
