El acuerdo judicial también estipula una indemnización de 180.000 euros para el hijo de la víctima. Adicionalmente, el condenado tendrá prohibido comunicarse con la familia del fallecido durante 14 años y deberá mantener una distancia mínima de 500 metros una vez cumpla su pena de cárcel.
La sentencia contempla la expulsión del territorio nacional tras cumplir siete años y medio de condena en España, con la condición de no regresar al país durante una década. El incidente tuvo lugar el 27 de febrero de 2025, cuando una discusión verbal escaló a un ataque con un cuchillo de grandes dimensiones.
Según los detalles del fallo, el agresor, que residía temporalmente en una casa abandonada, asestó una única y violenta puñalada en el cuello a la víctima, de 30 años, provocándole una herida mortal. El acusado se encontraba en prisión provisional desde el 30 de enero.
Tras ser detenido, el acusado entró en prisión provisional hasta que se emitió este fallo a puerta cerrada cuyo contenido ha sido dado a conocer ahora por lo que al aceptar el procesado la pena por conformidad se evitó la celebración de un juicio con jurado.
A pesar de su situación de indigencia y de ocupar una vivienda, vecinos del barrio de San Matías describieron al hombre como una persona tranquila, a la que a menudo ayudaban con alimentos y permitían usar sus instalaciones. La disputa se originó semanas antes del suceso, cuando la víctima también comenzó a residir en el mismo inmueble y el condenado intentó expulsarla.
